Testimonio clave complica a Manuel Adorni: dueña de casa de su madre confirma cuantioso pago en efectivo anticipado
La situación judicial del ex vocero presidencial, Manuel Adorni, se complejiza tras la declaración de la propietaria de la vivienda que alquila su madre en Berazategui. La testigo confirmó ante la Justicia el cobro de un pago adelantado de 12.000 dólares en efectivo, una suma que cubre el primer año de alquiler y que fue desembolsada por el tío del ex funcionario.
La mujer testificó en la causa donde se investiga a Adorni por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Según su testimonio, la negociación del contrato de alquiler en el exclusivo country Fincas de Iraola II, ubicado en Berazategui, fue gestionada a través de una inmobiliaria. La dueña aseguró no haber participado directamente en las tratativas, pero sí que quien firmó el acuerdo y efectuó el pago fue Juan País, hermano de Silvia País (madre de Adorni) y tío del ex vocero presidencial.
Este desembolso de 12.000 dólares en efectivo para cubrir un año completo de alquiler –cuya cuota mensual asciende a 1.100 dólares– ha encendido las alarmas de los investigadores. El fiscal federal Gerardo Pollicita ha solicitado diversa documentación al barrio privado, incluyendo detalles sobre el pago de expensas, en el marco de la pesquisa.
Paralelamente, la fiscalía no ha encontrado sustento para las cifras que Adorni consignó en su declaración jurada. El ex funcionario había intentado justificar un súbito incremento patrimonial desde su llegada a la Casa Rosada en 2023, alegando una inversión de 200.000 dólares en criptomonedas y ganancias por otros 300.000 dólares. Sin embargo, los informes recibidos hasta la fecha sobre sus operaciones en criptoactivos reflejan montos considerablemente menores.
La Justicia, además, ha impuesto a Adorni la obligación de informar sobre cualquier intención de salir del país mientras avanza la investigación.
En otro orden de cosas, el vocero presidencial, Adrián Ravier, confirmó esta semana que Manuel Adorni mantiene una custodia personal costeada por el Estado, a pesar de no ocupar ya un cargo público y sin que medie una orden judicial que lo justifique. Ravier argumentó que la medida se sostiene por «motivos de seguridad», en un momento en que el gobierno promueve un fuerte ajuste y critica los «privilegios de la casta». Consultado sobre la posibilidad de una auditoría interna del gobierno sobre la gestión de Adorni, el portavoz enfatizó que el asunto «está claramente en la Justicia» y que no existe un mecanismo paralelo de investigación dentro de la Casa Rosada.
