Ajuste y desprecio por la soberanía: Milei evalúa cancelar el desfile del 9 de Julio tras un drástico vaciamiento de las Fuerzas Armadas
En una decisión que expone la alarmante falta de prioridad que la gestión actual otorga a los símbolos patrios y a la soberanía nacional, el gobierno de Javier Milei analiza la suspensión del tradicional desfile por el Día de la Independencia. Bajo la premisa del recorte fiscal, la administración libertaria ha decidido relegar la celebración de la fecha patria más importante del país, dejando en evidencia un profundo desinterés por la identidad nacional.
Esta medida es la consecuencia directa de un severo desfinanciamiento que asfixia a las fuerzas de defensa del país. Según documentos oficiales, el presupuesto militar sufrió un recorte superior a los 46.000 millones de pesos en programas de alistamiento operativo. El desglose de este ajuste revela un debilitamiento estructural: la Fuerza Aérea perdió 16.500 millones de pesos en equipamiento; el Ejército sufrió una baja de 12.622 millones en transporte y maquinaria; y la Armada registró una quita de 15.220 millones de pesos, lo que obligó a cancelar la adquisición de helicópteros destinados a la Base Naval de Puerto Belgrano.
La situación ha generado un profundo malestar en el sector militar, afectado no solo por la falta de recursos para operar, sino también por una crisis salarial y el deterioro de su obra social. Desde el Edificio Libertador admiten que no existen los recursos económicos ni el clima anímico para coordinar un despliegue en la Ciudad de Buenos Aires.
La postura actual contrasta con la sobreactuación patriótica de 2024, cuando el presidente Milei, la vicepresidenta Victoria Villarruel, el ministro Luis Petri y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, utilizaron el desfile en la Avenida Del Libertador como una vidriera política. En aquel momento, la movilización de tropas y equipos costó más de 720 millones de pesos, una cifra que hoy superaría los 1.000 millones. Al optar por cancelar la ceremonia, el Ejecutivo confirma que el respeto por la historia y los valores nacionales queda subordinado a las metas fiscales, consolidando una gestión que da la espalda a las tradiciones de la patria.
