Hidrovía: La Concesión Millonaria que Luis Caputo Defiende Entre Acusaciones de Opacidad
El Gobierno argentino se encuentra en el centro de una fuerte polémica por la reciente concesión de la Vía Navegable Troncal, conocida como Hidrovía Paraná-Paraguay. El ministro de Economía, Luis Caputo, emerge como el principal impulsor y defensor de un contrato valuado en miles de millones de dólares, el cual ha generado una avalancha de críticas por presunta falta de transparencia y el aparente diseño a la medida de intereses empresariales cercanos al poder.
Tras la publicación de la Resolución 36/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn), que definió el futuro de la hidrovía hasta mediados de siglo, el foco no solo está en las empresas favorecidas, sino en los despachos que articularon el proceso. Opositores y periodistas de investigación, como Alejandro Bercovich de C5N, han señalado un «traje a medida» para empresarios con nexos con el oficialismo, mencionando incluso la influencia del asesor Santiago Caputo.
Desde el Palacio de Hacienda, el equipo económico de Luis Caputo ha desplegado una intensa estrategia comunicacional para intentar desvirtuar las denuncias de «amiguismo». Se ha presentado la privatización como un «hito logístico» y una «licitación histórica», prometiendo una reducción del 13,5% en los costos logísticos para el sector exportador. El ministro también destacó públicamente la ausencia de impugnaciones formales al pliego, utilizándolo como un supuesto aval de transparencia.
Sin embargo, voces del ámbito portuario contradicen esta versión, asegurando que la falta de reclamos se debe a condiciones extremadamente restrictivas del pliego, que habrían allanado el camino exclusivamente para el consorcio integrado por la belga Jan De Nul y la local Servimagnus.
Las proyecciones económicas de la propia Anpyn, organismo bajo la órbita oficial, exponen la magnitud del negocio garantizado al consorcio privado y a su red de subcontratistas locales, donde figuran firmas ligadas a grupos como Neuss, la familia Román, Juan Ondarcuhu y Gustavo Elías. Se estima una facturación anual promedio de 628 millones de dólares para la concesionaria. A lo largo de los 25 años de contrato, con una posible prórroga de hasta 5 años, los ingresos acumulados totales podrían superar los 15.700 millones de dólares. Además, el esquema financiero del acuerdo permitiría al consorcio recuperar y concentrar sus inversiones en los primeros siete años, asegurando un pico de ganancias netas a partir del decimosexto año.
Con el respaldo de Luis Caputo, la principal vía de ingreso de divisas al país, por donde transita el 80% del comercio exterior argentino, queda atada a un contrato blindado desde el poder político. La firma definitiva para el traspaso se espera en los próximos días, consolidando uno de los negocios más ambiciosos de Argentina bajo el estricto patrocinio del Ministerio de Economía.
