Sociedad

Granja Tres Arroyos: 250 Despidos en Concepción del Uruguay Ante Crisis del Sector

La reconocida empresa avícola Granja Tres Arroyos ha comunicado la desvinculación de 250 empleados de su planta ubicada en Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos. Esta medida, que afecta a un tercio de la dotación de 900 trabajadores de la sede entrerriana, se produce en un escenario de profunda contracción económica y dificultades específicas para la industria avícola.

La compañía justificó los recortes de personal a través de telegramas enviados a los afectados, argumentando una «grave disminución de trabajo no imputable» a la empleadora. Entre las razones esgrimidas, la empresa detalló el impacto de los brotes de influenza aviar registrados en el país, que derivaron en el cierre o restricciones de acceso a importantes mercados internacionales de exportación. Según Granja Tres Arroyos, esto generó una significativa reducción de las ventas al exterior, una consecuente sobreoferta en el mercado interno, una marcada caída de los precios de comercialización y un sostenido incremento de los costos operativos, culminando en un profundo deterioro de su situación económica y productiva.

Este ajuste de personal se enmarca en un complejo panorama nacional, donde la retracción del consumo y la apertura de importaciones han generado el cierre de numerosas empresas y la pérdida de miles de puestos de trabajo, afectando tanto a pequeñas como a grandes firmas.

Frente a esta situación, la Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA) manifestó su enérgico repudio, calificando el accionar de la empresa como «artero e insensible». Voceros gremiales enfatizaron que las cesantías masivas no ofrecen soluciones y profundizan la crisis para las familias afectadas. Además, revelaron que entre los despedidos figuran delegados de personal y denunciaron que los trabajadores ya padecían atrasos salariales de hasta cinco quincenas.

Desde el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) de Concepción del Uruguay, su secretario general, Julio Chamorro, cuestionó la argumentación de «fuerza mayor» empleada por la compañía. Chamorro sostuvo que se trata de «riesgo empresarial» y que, a su juicio, no existe jurisprudencia que valide dicha causal, considerando los despidos como «totalmente improcedentes». La FTIA, por su parte, expresó su preocupación ante una posible «maniobra Concursal» para licuar pasivos.