Argentina endurece el control de semillas bajo presión de Estados Unidos y desata el rechazo agrícola
El gobierno argentino, liderado por Javier Milei, oficializó un nuevo marco regulatorio para intensificar el control sobre el origen de las semillas. La medida, que responde a históricas demandas de los Estados Unidos para proteger las patentes biotecnológicas de la firma alemana Bayer (propietaria de la ex Monsanto), fue formalizada mediante la Resolución Conjunta 3/2026, firmada por el Instituto Nacional de Semillas (INASE) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.
La nueva normativa dispone la fiscalización de la identidad varietal de los granos a través de muestras que se tomarán en el primer eslabón de la cadena de comercialización, es decir, en los acopios y terminales portuarias. Este mecanismo replica el funcionamiento del antiguo sistema «Bolsatech» y busca preparar el terreno para que el país sudamericano se adhiera al convenio internacional UPOV 91, una exigencia clave del gobierno estadounidense. Aunque la fiscalización afectará inicialmente a las nuevas variedades registradas, la decisión sienta un precedente regulatorio decisivo para el sector.
La resolución fue publicada en el Boletín Oficial en la antesala de una reunión clave entre las autoridades nacionales y los representantes de las principales entidades del campo. Agrupaciones de productores, entre las que se encuentran la Mesa de Enlace, CREA y Aapresid, manifestaron un rechazo unánime a la medida, argumentando que el sistema propuesto es inviable y financieramente perjudicial para la actividad primaria. Como contrapropuesta, los productores habían sugerido previamente una actualización integral de la Ley de Semillas vigente.
