Sociedad

La Justicia Frena Licitación de Polémico Gift Shop en el Cementerio de la Recoleta

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se vio forzado a suspender la licitación para instalar una tienda de souvenirs y un local de comidas rápidas en una bóveda del histórico Cementerio de la Recoleta. La decisión se produjo luego de que la Justicia Porteña, a través del Juzgado Contencioso Administrativo N° 6, hiciera lugar a un amparo presentado por Lucía Girado, una de las herederas del espacio, quien cuestionó tanto la caducidad del permiso sobre el inmueble como la idoneidad de su explotación comercial.

La iniciativa, ahora anulada, contemplaba la concesión por cinco años de una bóveda de aproximadamente 24,55 metros cuadrados, localizada en la Sección 17, Tablón 201, con un canon base de $1.600.000. Sin embargo, la controversia se centró en la legalidad del procedimiento y en la naturaleza del sitio.

Desde el Ejecutivo de la capital argentina, se argumentó que los treinta propietarios registrados de la bóveda acumulaban una deuda considerable por mantenimiento, que superaría los $22.215.070 para el período 2007-2026, sumando además $15.587.653 por trabajos de reparación supuestamente costeados por la Ciudad.

No obstante, Lucía Girado desmintió el abandono del lugar. «La bóveda no está abandonada porque yo voy», aseguró, afirmando que visita el cementerio varias veces al año y reside a pocas cuadras. Además, denunció irregularidades en el proceso de notificación, indicando que en la lista de familiares contactados figuraban personas ya fallecidas. En dicho espacio, la heredera comparte sepultura con su padre y dos de sus abuelos, enterrados allí hace más de dos décadas.

El juez Roberto Gallardo, titular del juzgado interviniente, fue categórico en su fallo. Ordenó al Gobierno porteño abstenerse de declarar la caducidad definitiva del terreno —que incluye las sepulturas uno a doce y la demasía del número 201 de la Sección 17— y de disponer cualquier licitación o remate público. El magistrado enfatizó que, tras una declaración de caducidad, la intención de una «explotación comercial onerosa y lucrativa» en un lugar como el cementerio «podría estar fuera del comercio». Gallardo concluyó que el cementerio, en su esencia jurídica, debe ser considerado un espacio de paz y descanso para los deudos, y no un centro comercial, sentando así un precedente sobre la preservación de su carácter sagrado y patrimonial.