Privilegios en el Banco Nación: Mientras los trabajadores son excluidos, allegados a Milei acaparan los créditos hipotecarios
En medio de un escenario donde acceder a una vivienda propia es una misión imposible para la clase trabajadora, el Banco Nación se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse un esquema de favoritismo habitacional. Mientras los ciudadanos comunes enfrentan el rechazo sistemático de sus solicitudes de financiamiento, la entidad estatal facilitó más de 1.100 créditos hipotecarios millonarios exclusivamente para funcionarios públicos y personas del círculo cercano al presidente Javier Milei.
La investigación, fundamentada en solicitudes de acceso a la información pública, detalla que entre enero de 2024 y marzo de 2026 se aprobaron 1.120 préstamos para vivienda bajo la categoría de Personas Expuestas Políticamente (PEP). Esto significa que, de la cartera total, uno de cada 23 créditos fue asignado a individuos con influencia política o vínculos directos con la administración actual. Esta cifra podría ser aún más elevada, dado que el marco regulatorio de control financiero no clasifica como PEP a ciertos puestos jerárquicos de la estructura del Estado, como directores de empresas públicas o subsecretarios.
La facilidad con la que los allegados al mandatario obtuvieron estos recursos responde a una flexibilización de las normas internas del banco. En septiembre de 2024, mediante la Resolución 802, la gestión de Milei modificó las condiciones del programa «+ Hogares» para autorizar de forma expresa el otorgamiento de estos créditos a personas con cargos políticos designados, un beneficio que no existía previamente. Entre los casos más escandalosos que salieron a la luz se encuentra el de Leandro Massaccesi, exjefe de Gabinete de la cartera de Capital Humano, quien recibió la millonaria suma de 420 millones de pesos, una cifra inalcanzable para cualquier asalariado del país.
Aunque el ministro de Economía, Luis Caputo, intentó restar importancia a la situación argumentando que se trataba de un porcentaje menor del total de operaciones, la indignación social y política no tardó en escalar. La diputada nacional Mónica Frade presentó una denuncia penal para investigar este trato preferencial. La causa judicial quedó radicada en los tribunales federales de Buenos Aires, bajo la tutela de la jueza María Eugenia Capuchetti, quien deberá esclarecer el presunto desvío de fondos públicos y el favoritismo hacia los allegados al poder, en detrimento de los trabajadores argentinos que siguen sin posibilidad de acceder a un techo propio.
