Investigan a Director del Tribunal de Tasaciones por Conflicto de Intereses en Expropiaciones
La Oficina Anticorrupción (OA) ha puesto bajo la lupa a Juan Ignacio Rivera, director de Asuntos Jurídicos del Tribunal de Tasaciones de la Nación (TTN), por un presunto conflicto de intereses y manipulación de dictámenes técnicos en procesos de expropiación. La denuncia, que llegó de forma anónima a la OA el pasado 13 de julio, sugiere que Rivera habría utilizado su posición jerárquica para influir en las valuaciones de casos en los que previamente actuó como abogado particular.
El funcionario ha solicitado su apartamiento preventivo mientras avanza la investigación, que busca determinar si estas acciones forman parte de un *modus operandi*. El caso central que desencadenó el expediente se refiere a la causa «METAL VELTRI S.A. c/ EDESUR S.A. s/ Expropiación – Servidumbre Administrativa». Según la documentación, Rivera representó los intereses privados de Metal Veltri S.A. en una instancia de mediación prejudicial, para luego, presuntamente, incidir en los dictámenes que emitiría el TTN, organismo del cual es director y que opera bajo la órbita del Ministerio de Economía.
La investigación se extiende a la posible relación profesional o societaria de Rivera con la Dra. Geraldine Esposito, quien además sería su pareja. Se sospecha que, aprovechando la jerarquía de Rivera en el TTN, ambos habrían tenido la capacidad de influir directamente en los valores indemnizatorios fijados por el Tribunal.
Fuentes allegadas a la OA indicaron que advertencias previas sobre la conducta inapropiada de Rivera fueron desestimadas por el funcionario. Esta situación refuerza la hipótesis de que no sería un hecho aislado, sino una práctica recurrente. Asimismo, la pesquisa no descarta la posible implicación de Julio Villamonte, presidente del Tribunal de Tasaciones, de quien Rivera es considerado una figura clave.
La OA, encabezada por Gabriela Zángaro, indaga la posible vulneración de la Ley de Ética en la Función Pública. Se examina si Rivera transgredió la normativa al solicitar la intervención técnica de la institución donde ejerce funciones en un litigio en el que previamente defendió intereses privados, generando un claro escenario de incompatibilidad.
