Caso Coppola: El Escándalo que Desnudó la Trama de la Droga Plantada y Transformó a la Justicia Argentina
Hace casi tres décadas, el 9 de octubre de 1996, Guillermo Coppola, por entonces célebre representante y hombre de máxima confianza de Diego Armando Maradona, se convirtió en el epicentro de uno de los más resonantes escándalos judiciales y mediáticos de la historia argentina. Lo que inicialmente se presentó como un allanamiento que derivó en el supuesto hallazgo de cocaína en su departamento, rápidamente se transformó en una compleja causa judicial teñida por graves denuncias de pruebas falsificadas y profundas irregularidades policiales, culminando en la condena de los propios investigadores.
Durante 97 días, Coppola permaneció privado de su libertad, imputado por presuntamente integrar una red de narcotráfico. El procedimiento que originó su detención, y que captó la atención nacional, fue dirigido por el entonces juez federal Hernán Bernasconi, quien lideraba la investigación. Desde el primer momento, el empresario negó rotundamente cualquier vínculo con la sustancia hallada, argumentando inconsistencias en el operativo. No obstante, sus explicaciones no fueron suficientes para evitar su encarcelamiento y la asociación pública de su nombre con el crimen organizado.
El expediente judicial sumó rápidamente figuras conocidas del espectáculo y el deporte, incluyendo a Alberto Tarantini, Yayo Cozza, Samanta Farjat, Natalia Denegri y el apodado «Morsa» Espósito. La conexión con el círculo íntimo de Maradona catapultó el caso a un fenómeno televisivo, con programas y revistas dedicando amplios espacios a cada novedad.
Sin embargo, a medida que avanzaba la investigación, comenzaron a surgir serias dudas sobre la legitimidad de los procedimientos judiciales. El punto de inflexión ocurrió cuando Farjat y Lavalle modificaron sus declaraciones, denunciando que agentes policiales habían implantado la droga durante los allanamientos, siguiendo órdenes de los responsables de la pesquisa.
Estos testimonios viraron por completo el rumbo de la causa. La Justicia, entonces, puso la lupa sobre los mismos funcionarios que habían impulsado la detención de Coppola. Las sospechas recayeron sobre el juez Bernasconi, su secretario Roberto Schlagel, y los policías involucrados, entre ellos Diamante, Antonio Gerace y Carlos Gómez. Ante la magnitud de las irregularidades, la Cámara de Casación apartó a Bernasconi del expediente, derivando la investigación a otro juzgado.
Con la acusación original desmoronándose, Guillermo Coppola recuperó la libertad tras más de tres meses de detención. La historia, lejos de concluir, había tomado un giro dramático: ahora eran los investigadores quienes debían rendir cuentas ante la Justicia. Finalmente, Bernasconi, su secretario y los agentes policiales fueron sometidos a juicio y condenados por delitos como «falsedad ideológica, adulteración de documentos públicos y asociación ilícita». El exmagistrado recibió una pena de ocho años de prisión.
De esta manera, uno de los expedientes más mediáticos de la década de los noventa no solo desentrañó una trama de corrupción judicial, sino que también dejó una profunda huella en el sistema de justicia argentino.
