Argentina endurece la fiscalización de semillas bajo presión de EE. UU. y genera rechazo en el agro
El gobierno de Javier Milei avanzó en la regulación del mercado agrícola al disponer un nuevo marco de fiscalización sobre la procedencia de las semillas en el país. Mediante una normativa conjunta del Instituto Nacional de Semillas (INASE) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, el Poder Ejecutivo determinó que se realizarán análisis obligatorios en las terminales de acopio y puertos de embarque para verificar la identidad de las variedades sembradas.
Esta determinación, que había sido adelantada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, responde a las exigencias de la administración de los Estados Unidos. El objetivo es salvaguardar los derechos de propiedad intelectual de corporaciones biotecnológicas como la alemana Bayer, actual propietaria de Monsanto, allanando el camino para la incorporación del país al tratado internacional UPOV 91.
El nuevo protocolo técnico se aplicará sobre las nuevas variedades que se registren a partir de ahora, utilizando métodos de testeo rápidos para comprobar si el grano cosechado proviene de semillas autorizadas o de reservas propias no declaradas. Este esquema emula la dinámica del programa Bolsatech, implementado en 2016 bajo el mandato de Mauricio Macri para mitigar las disputas por regalías con la multinacional estadounidense.
La medida se oficializó justo antes de una reunión clave entre las autoridades de la cartera agrícola y los representantes de las principales entidades del campo. Organizaciones como la Mesa de Enlace y las asociaciones técnicas CREA y Aapresid manifestaron su firme rechazo a este control, calificándolo de costoso e inviable, al tiempo que insisten en la necesidad de debatir una actualización integral de la Ley de Semillas.
