Milei endurece la postura argentina por Malvinas: Sanciones a petroleras extranjeras con ley preexistente
El presidente Javier Milei ha anunciado un paquete de medidas significativas que incluyen la activación de la Ley 26.659, sancionada durante la administración de Cristina Fernández de Kirchner, con el fin de penalizar a empresas petroleras extranjeras que operen sin autorización argentina en el área de las Islas Malvinas. La decisión, que se presenta en un contexto socioeconómico complejo, busca reafirmar la soberanía nacional sobre el archipiélago y sus espacios marítimos circundantes, con un llamado a la unidad.
Este movimiento, interpretado por analistas como una estrategia pragmática, contrasta con algunos postulados económicos del mandatario al contemplar sanciones a actividades empresariales que, en la práctica, interfieren con la lógica de la propiedad privada. En concreto, el Presidente informó el jueves sobre el envío al Congreso de proyectos punitivos y la firma de un decreto para agilizar los procesos sancionatorios derivados de la Ley 26.659, promulgada en marzo de 2011.
El anuncio surge como una respuesta directa al avance del megaproyecto petrolero «Sea Lion», ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, que proyecta iniciar su producción comercial a principios de 2028. Dicho emprendimiento es impulsado por dos corporaciones internacionales: la israelí Navitas Petroleum, que ostenta el 65% de participación y ejerce el rol de operadora, y la británica Rockhopper Exploration, con el 35% restante.
La Ley 26.659 prohíbe explícitamente la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina —que incluye el archipiélago— sin la debida autorización formal del Estado Nacional. Su objetivo es proteger los recursos naturales del país y fortalecer el reclamo de soberanía sobre las Malvinas. Bajo esta legislación, cualquier empresa, accionista, director o proveedor que opere ilegalmente en aguas de las Malvinas quedará inhabilitado para realizar operaciones en el territorio continental argentino. Además, la normativa prevé penalizaciones para empresas radicadas en el país que presten cualquier tipo de apoyo logístico, insumos o servicios a estas petroleras. Si bien la medida se basa en una legislación previa, subraya una continuidad estratégica en la defensa de los intereses nacionales en el Atlántico Sur.
