La Nueva Arremetida Arancelaria de Trump Desata un Creciente Repudio Global
La administración del expresidente estadounidense Donald Trump ha implementado una nueva serie de gravámenes, que oscilan entre el 10% y el 12.5%, sobre importaciones provenientes de más de 80 naciones y bloques económicos. La medida, que entró en vigencia este viernes, sustituye a una tarifa temporal del 10% que había expirado el día anterior, y se fundamenta en la supuesta ineficacia de esos países para prevenir el ingreso de productos vinculados al trabajo forzoso. Esta decisión ha provocado una inmediata y contundente ola de rechazo a nivel internacional, con varias capitales anunciando gestiones y posibles represalias comerciales.
El gobierno de Trump justificó esta acción en una investigación realizada bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, la cual habilita a Estados Unidos a responder ante prácticas comerciales que considera «discriminatorias o injustificadas». Jamieson Greer, representante comercial estadounidense, defendió la «tasa y el alcance de las exenciones» como herramientas apropiadas para erradicar las prácticas de trabajo forzoso detectadas en la pesquisa.
En la región, la reacción no se hizo esperar. El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil fue uno de los más críticos, calificando la acusación de trabajo forzoso como un pretexto para encubrir una política comercial proteccionista. Esta tensión se suma a recientes fricciones, incluyendo un arancel del 25% impuesto previamente por Washington a Brasil bajo la excusa de «prácticas comerciales desleales». La Cámara Americana de Comercio para Brasil proyecta que la carga arancelaria acumulada sobre las exportaciones brasileñas podría alcanzar un alarmante 37.5%.
Por su parte, México, bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, logró mitigar el impacto gracias a la operatividad del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). La Secretaría de Economía mexicana informó que cerca del 85% de sus exportaciones continuará ingresando al mercado estadounidense con arancel cero, manteniendo el 10% para el resto de los productos, sin cambios significativos respecto al régimen anterior.
Chile también alzó la voz, rechazando la aplicación de la medida y anunciando gestiones diplomáticas para ser excluido de la lista. La Cancillería chilena enfatizó la «sólida institucionalidad laboral» del país, argumentando que la aplicación de estos gravámenes no se condice con sus estándares ni con la información técnica y jurídica presentada. Otras naciones, como Japón, se sumaron a la crítica global, anticipando posibles acciones de respuesta ante lo que consideran una medida unilateral y poco justificada.
