Caso $LIBRA: Víctimas denuncian red de crimen organizado y rechazan maniobra para apartarlas de la causa
Los damnificados del «Caso $LIBRA» han elevado una contundente advertencia a la justicia, insistiendo en que la investigación no aborda un mero riesgo de inversión fallida, sino una compleja red de crimen organizado. La postura surge tras el intento del empresario Mauricio Novelli, principal investigado, de expulsar a las querellas del expediente judicial.
Las víctimas, a través de sus abogados, desestimaron de plano el argumento de Novelli, quien sostiene que los inversores asumieron voluntariamente los riesgos del mercado de criptomonedas y que la publicación del presidente Javier Milei no constituyó una recomendación de inversión. Por el contrario, para los afectados, el proyecto $LIBRA fue una «trampa de liquidez preprogramada», presentada engañosamente como una iniciativa privada con respaldo institucional del Estado argentino para financiar startups y pymes.
Martín Romeo, uno de los damnificados, en una presentación ante el juez Marcelo Martínez De Giorgi, fue enfático: «Cuando existe soborno de funcionarios públicos, uso de información privilegiada sincronizada en milisegundos, manipulación de algoritmos, triangulación de facturas offshore y posterior vaciamiento de cajas de seguridad bancarias para lavar los activos sustraídos, no estamos debatiendo sobre riesgos de inversión financiera, estamos describiendo una red de crimen organizado». El escrito, firmado por el abogado Nicolás Oszust, detalla presuntos sobornos, tráfico de influencias y lavado de activos como parte de la maniobra fraudulenta.
Las querellas recalcan que el rol del presidente Javier Milei fue crucial para generar confianza entre miles de inversores. Afirman que la difusión pública del contrato para adquirir el token por parte del mandatario otorgó una legitimidad que resultó determinante para las decisiones de inversión, mientras la promesa de financiar emprendimientos nunca se materializó.
Actualmente, cinco querellantes impulsan la causa, asegurando haber perdido gran parte de sus ahorros con el colapso de la criptomoneda. Advierten que el intento de excluirlos del proceso judicial busca, en realidad, un sobreseimiento anticipado de los imputados. Cabe destacar que la participación de las víctimas como querellantes ha sido ratificada en diversas instancias judiciales, incluyendo la Cámara Federal, la Cámara de Casación y la Corte Suprema, así como previamente por la jueza Sandra Arroyo Salgado, cuando el expediente tramitaba en San Isidro.
