Argentina: Gobierno de Milei Reestructura el RENAR y Profundiza la Flexibilización del Mercado de Armas
La administración del presidente Javier Milei dio un paso significativo en su estrategia para desregular el mercado de armas legal en Argentina. Recientemente, se oficializó la reestructuración del Registro Nacional de Armas (RENAR), transformándolo en un organismo desconcentrado que operará bajo la órbita del Ministerio de Seguridad de la Nación.
Esta medida, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el presidente Milei y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, eleva el estatus jerárquico del RENAR, equiparándolo con otras fuerzas de seguridad federales como Gendarmería Nacional o la Policía Federal. La dirección del organismo recaerá ahora en un Director Ejecutivo con rango de secretario y un Subdirector con jerarquía de subsecretario, ambos designados por el Poder Ejecutivo, lo que representa una clara elevación en la cúpula de su conducción.
Entre los objetivos declarados para el renovado RENAR, figuran la prevención y el combate contra la violencia armada y el tráfico ilícito de armamento, municiones y explosivos. Sin embargo, esta reestructuración se enmarca en un contexto de flexibilización ya iniciado por el gobierno, que previamente habilitó a civiles la adquisición de fusiles semiautomáticos y subametralladoras, además de relajar las condiciones para la tenencia de armas.
Las nuevas atribuciones del RENAR abarcan la registración y fiscalización del armamento, la supervisión de su fabricación y comercialización, los controles de adquisición, transferencia, traslado, tenencia y portación. También tendrá injerencia en la importación, exportación y tránsito de armas, así como en los procedimientos de secuestro, incautación, decomiso y destrucción de materiales controlados.
Asimismo, el organismo gestionará el Banco Nacional de Materiales Controlados y su red de depósitos, un registro único de información y un banco de datos informatizado a nivel nacional. Se le otorgan facultades para disponer medidas preventivas o cautelares, incluyendo la suspensión de autorizaciones y la inmovilización administrativa de materiales, además de aprobar procedimientos para el control y la trazabilidad de estos elementos y sus usuarios.
