A dos décadas de su segunda desaparición, el caso Jorge Julio López sigue impune: CELS exige respuestas y se duplica recompensa en Buenos Aires
Al cumplirse este viernes veinte años de la segunda desaparición de Jorge Julio López en plena democracia, organizaciones de derechos humanos y el gobierno bonaerense redoblan esfuerzos para esclarecer su paradero. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) ha vuelto a exigir al Estado nacional que brinde respuestas sobre el destino del testigo clave, mientras que la Provincia de Buenos Aires incrementó la recompensa a diez millones de pesos para quienes aporten información concluyente.
López, quien hoy tendría 96 años, fue visto por última vez el 18 de septiembre de 2006, al salir de su vivienda en Los Hornos, La Plata. Su desaparición se produjo en un momento crucial: el mismo día en que se dictaba la sentencia que condenaría a prisión perpetua al genocida Miguel Etchecolatz, ex director de Investigaciones de la Policía Bonaerense, por delitos de lesa humanidad. La conmoción fue mayúscula, ya que López había sido una víctima del terrorismo de Estado durante la última dictadura cívico-militar, secuestrado en 1976 y liberado en 1979 tras pasar por el circuito clandestino de detención conocido como «Camps» en La Plata.
Su testimonio fue fundamental para la reapertura de los juicios contra represores, identificando a Etchecolatz como su torturador. Para el CELS, la persistencia de esta incertidumbre a dos décadas de su segunda desaparición plantea dos interrogantes centrales: el sufrimiento de sus familiares y allegados por no saber qué pasó y dónde está, y la inquietante posibilidad de que aún operen núcleos represivos clandestinos con capacidad de garantizarse impunidad, como los que habrían funcionado durante los primeros avances de los procesos de justicia, cuando las amenazas a testigos eran frecuentes.
El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires formalizó la decisión de elevar de cinco a diez millones de pesos el monto de la recompensa. Esta medida busca incentivar la colaboración ciudadana para obtener datos fidedignos que permitan determinar el paradero de López y dar con los responsables de su desaparición forzada, un suceso que sigue siendo una herida abierta en la memoria y la justicia argentina.
