Contradicciones desmantelan testimonio clave de Javier Iguacel en la Causa Cuadernos
El exdirector de Vialidad Nacional durante la administración macrista, Javier Iguacel, protagonizó una tensa jornada en el juicio por la denominada Causa Cuadernos, donde sus acusaciones sobre obras fantasmas y sobreprecios no lograron sostenerse. Ante las repreguntas incisivas de las defensas, el exfuncionario se vio acorralado por una serie de inconsistencias y falsedades que ya habían sido desestimadas en procesos judiciales previos.
Iguacel intentó reinstalar la hipótesis de pagos por trabajos nunca ejecutados, un argumento que ya se había desmoronado en expedientes anteriores al punto de no formar parte de condenas previas. De hecho, una auditoría solicitada por él mismo durante su gestión en Vialidad confirmó oficialmente que no se había abonado nada que no estuviera construido y desmintió que los trazados viales carecieran de destino.
Uno de los momentos más críticos de su testimonio se produjo al asegurar que, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, las empresas constructoras se cartelizaron y aplicaron sobreprecios del 40%. Sin embargo, al ser interpelado sobre por qué no radicó las denuncias correspondientes ante semejante maniobra, Iguacel admitió haber formalizado entre diez y doce denuncias de un total superior a las quinientas obras ejecutadas, quedando sin respuestas al ser consultado sobre si reclamó judicialmente por el porcentaje de sobrefacturación denunciado.
El abogado Carlos Beraldi, defensor de Cristina Fernández de Kirchner, lo confrontó al respecto de su argumento de que las obras viales durante el gobierno de Mauricio Macri resultaron más económicas, pretendiendo probar con ello los sobreprecios previos. No obstante, las pericias técnicas de la causa demostraron que los costos menores obedecían a que gran parte de los tramos ya se encontraban avanzados y a que la administración de Cambiemos frenó casi la totalidad de los proyectos iniciados, con excepción de la Ruta 3.
Las contradicciones continuaron cuando Beraldi le consultó puntualmente sobre la Autopista Richieri y la denuncia que el propio exfuncionario había publicitado contra la empresa Aecsa, perteneciente al Grupo Indalo. Ante la pregunta directa de si estaba al tanto de que aquella causa había terminado con un sobreseimiento por inexistencia de delito, Iguacel respondió con un escueto «Sí», sin poder justificar por qué omitió ese detalle al exponer.
El exfuncionario también quedó en evidencia al intentar instalar que la supuesta red de corrupción se instrumentó a través de la designación por decreto de un gerente de Vialidad, algo que calificó como «inédito en toda la historia». Tras ser confrontado con decretos firmados por Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner que aplicaron idéntico mecanismo, Iguacel debió acotar: «Es lo que me dijeron».
Por su parte, la abogada de Roberto Baratta, Elizabeth Gómez Alcorta, lo acorraló al recordar su paso por la gestión pública y consultarle sobre un supuesto empresario que se acercó a su oficina para continuar con prácticas ilegítimas. Ante la requisitoria sobre la identidad del involucrado, el testigo admitió: «Sí, pero no me acuerdo del nombre», dejando sin sustento una de sus afirmaciones. La jornada concluyó con un claro debilitamiento de la posición del testigo clave de la fiscalía.
