Claudio Alberto Brun, titular del Juzgado de Ejecución Penal Nº 1 del Departamento Judicial Bahía Blanca, iba a ser denunciado ante el Consejo de la Magistratura por liberar a Néstor Luis Ibars, condenado por abusar a una menor de 17 años que sufre retraso madurativo.

El juez de Bahía Blanca Claudio Alberto Brun, magistrado al quien Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, le pidió el juicio político por beneficiar con la prisión domiciliaria a un condenado por abuso sexual, revocó la resolución que había dictado y ordenó que vuelva a la cárcel Néstor Luis Ibars, condenado a siete años de prisión por cometer el delito de abuso sexual contra una menor.

El 7 de abril el condenado había salido de la cárcel cuando su condena era de siete años de prisión por cometer el delito de abuso sexual con acceso carnal contra una menor de 17 años con retraso madurativo.

La vuelta atrás de la resolución que le devolvió la osibilidad de salir de prisión, habría sido argumentada en pos de resguardar a la familia del condenado, ya que se habían generado una serie de incidentes con vecinos de la residencia del abusador, en Punta Alta.

El pedido de juicio político contra Brun, ocurrió al mismo tiempo que estos acontecimientos, por lo que la decisión del juez de revocar su resolución, fue en simultáneo a que se impulsara el juicio en su contra.

Por incumplir con los deberes inherentes a su cargo debido a que no aplicó “razonadamente” el derecho vigente y no valoró adecuadamente las características particulares del caso, se realizó el pedido de juicio político contra el titular del Juzgado de Ejecución Penal Nº 1 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

Las razones por las que el magistrado le otorgó la prisión domiciliaria al condenado, no fueron explicadas. Tampoco se le acreditó alguna enfermedad o situación que ponga al abusador en el grupo de mayor riesgo dentro de la población carcelaria, como tampoco comprobó podría estar en menor riesgo de contagio con la prisión domiciliaria.

El magistrado además, no solicitó informes al Servicio Penitenciario sobre las madidas para prevenir los contagios ni informes técnicos criminológicos o análisis gráficos de conductas del abusador.

Tampoco se registraba en ese momento en la Unidad 19, donde se encontraba en prisión, ningún enfermo ni sospechoso de contagio de covid -19.

La denuncia expresa que la inexistencia de casos positivos refleja que la prisión domiciliaria fue otorgada basada en una “lógica ilusoria de la urgencia” o un “peligro de un peligro” que no se concretó.

Además, también denuncian contra el magistrado, que vulneró el derecho de la víctima al no notificarla como tampoco escucharla, según impone la ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos, publicada en el Boletín Oficial el 13 de julio de 2017 y que fue reglamentada mediante el Decreto N° 421/2018 del 9 de mayo de 2018.

“A mí me parece que las penas o las sanciones son para ser cumplidas, porque son el acto de reparación que el delincuente debe cumplir para subsanar el error que cometió, y cuando aparece una situación que viola esto, se rompe el principio de acuerdo de convivencia social que tenemos los argentinos", expresó Sergio Massa, impulsor del juicio político contra el juez Brun y otros dos magistrados de la provincia de Buenos Aires.